CLC insiste en su ofensiva legal contra exgerente general por perjuicios por $ 8.500 millones en la Corte de Apelaciones

Luego del doble revés judicial que sufrió el mes pasado en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago tras la absolución de dos ex gerentes generales - Jaime Hagel y Fredy Jacial- contra los cuales se había querellado por "administración desleal", la Clínica Las Condes (CLC) decidió apelar la resolución en el segundo de los casos ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

En primera instancia, el fallo del juez Rodrigo Carrasco desestimó la acusación de CLC en contra del exejecutivo al que se le imputa haber recibido una cantidad excesiva de pacientes Covid-19 el año pasado (en el marco de la política de Unidad de Gestión Centralizada de Camas del Ministerio de Salud o UGCC) y por haber faltado a su deber de informar la adopción de estas medidas y sus costos asociados al directorio de CLC, que preside Alejandro Gil.

Ahora en su apelación, la institución privada de salud insiste en que "durante el período en que Fredy Jacial Ellis fue gerente general de CLC, esto es, entre el 11 de mayo al 11 de agosto de 2020, se aceptaron pacientes FONASA derivados por la UGCC del Minsal, por sobre el límite impuesto por la autoridad sanitaria. Lo que evidentemente, tomando en consideración el precio que pagaría FONASA por estas prestaciones (valor GRD), provocó un perjuicio económico para CLC, al admitir pacientes en exceso a la disponibilidad de 64 camas con ventilación mecánica invasiva dispuestas por la autoridad", según señala el escrito presentado Marcelo Sanfeliú, representante de CLC en esta causa.

La defensa de Jacial –a cargo de la abogada Trinidad Luengo, del estudio Luengo Montt- salió al paso de la acusación afirmando que "el querellante insiste en afirmar que mientras Fredy Jacial fue gerente general de CLC se aceptaron pacientes Fonasa derivados por el Ministerio de Salud por sobre el límite establecido por la autoridad, lo cual es absolutamente incorrecto, porque la autoridad jamás impuso un límite al número de pacientes a admitir, sino que puso un piso mínimo de camas críticas con ventilación mecánica que debían estar habilitadas y disponibles para la red público-privada de salud". En este sentido, enfatizó que su representado "actuó exactamente según lo que legalmente correspondía, y en esa idea el magistrado Rodrigo Carrasco fue categórico".

Cabe señalar que la administración de la clínica cifró ese perjuicio en $ 8.500 millones por el hecho de haber recibido pacientes de Fonasa derivados bajo un esquema de pago -a través de Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)- con montos que denunció como sustancialmente inferiores al que aplica en sus prestaciones.

El otro eje de la querella y de la correspondiente apelación, apunta a que Jacial habría incumplido con su deber de informar al directorio tanto de la medida adoptada en relación a la admisión de pacientes Covid-19 derivados por la autoridad, como de sus consecuencias económicas para la clínica, describiendo cuatro oportunidades en la cuales –según argumenta- el exejecutivo demostraría haber tenido "conocimiento del valor GRD que sería el que FONASA pagaría por estas prestaciones, la que es inferior al 50% del valor del costo de CLC". Por ello, la querella concluye que "la omisión del querellado es dolosa, por cuanto sabía que estaba privando al directorio de la posibilidad de adoptar de manera oportuna otras medidas en relación a la admisión en exceso de pacientes FONASA derivados por la UGCC. No obstante, lo cual mantuvo su omisión para con el Directorio de CLC".

Por el contrario, Trinidad Luengo afirmó que su representado "informó al directorio, no en una sino en varias ocasiones mientras fue gerente general la normativa vigente en el momento y las medidas sanitarias impuestas por la autoridad y las consecuencias que ello tendría para el interés económico de la clínica".

Consultada respecto de por qué CLC decidió perseverar en su ofensiva contra Fredy Jacial mientras desestimó apelar el dictamen adverso por el mismo delito contra Jaime Hagel, la abogada indicó que la "principal diferencia es la existencia de la demanda que CLC tiene contra el Fisco y que dice relación con parte de los hechos de esta querella".

Esto, en referencia a la demanda de indemnización de perjuicios contra el Fisco que CLC interpuso ante el Primer Juzgado Civil de Santiago el 29 de junio pasado por esas prestaciones por un monto total de $37.866,5 millones, de los cuales $ 30.580 millones corresponden al no pago de atenciones de personas derivadas desde la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) que administra el Ministerio de Salud al 31 de mayo pasado.